El Anunciante FL

En un año electoral determinante para el Partido Demócrata, la inmigración, así como la economía, sigue siendo el tema principal entre los votantes estadounidenses de cara a las presidenciales de 2024. Complicar el asilo y facilitar la deportación, pareciera ser la última estrategia migatoria del gobierno. Luego de un largo tiempo de negociaciones y las filtraciones sobre supuestos acuerdos entre el presidente Joe Biden y sectores demócratas y republicanos, se conoció el texto del proyecto de ley sobre las prohibiciones de asilo que podría imponer Estados Unidos de manera temporal ante ciertos números de ingresos ilegales en la frontera. Además, también se prevén cambios en el proceso de solicitud de este recurso y otras medidas sobre la política migratoria. Ante la inercia del Congreso, Biden contempla aplicar medidas más rigurosas a los migrantes para aprobar su examen inicial de asilo en la frontera sur de Estados Unidos e implementar acciones que faciliten la deportación de algunos extranjeros. 

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá como prioridad la deportación de inmigrantes recién llegados. No hay claridad de como se aplicarían estas medidas. Se presume que podrían ser, por una orden ejecutiva, como se realizó con Trump durante su administración o a través de una nueva regulación federal, medida que demoraría meses en ser implementada.

Lo cierto es que va a ser demorado implementar estas medidas. Estas políticas buscan: Reducir los cruces irregulares de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Elevar los estándares en las entrevistas de miedo creíble, que es la primera evaluación que se le realiza a los solicitantes de asilo que quieren evitar ser deportados por cruzar la frontera de manera ilegal. Ordenar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dé prioridad a la remoción de los migrantes recién llegados. Aunque elevar el nivel de asilo y deportar a más migrantes recién llegados son acciones que se pueden tomar rápidamente.

Para el actual gobierno es inminente tomar una decisión. Concretamente restringir la migración, es un tema clave para los votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Es urgente encontrar formas de sofocar el caos en la frontera después de que los republicanos bloquearon las discusiones sobre la frontera a inicios de febrero.

Si en el corto plazo, las estrategias solo se pueden aplicar a las últimas personas con entradas ilegales al país, esto dejaría a millones de migrantes que ya se encuentran en EE.UU. en un limbo legal mientras sus casos quedan pendientes.

Se estima que el 90% de los migrantes que cruzan la frontera sin permiso ya tienen prohibido el asilo y que el problema con el asilo en Estados Unidos es que las autoridades no pueden procesar todos los casos por problemas de recursos.

En el otro extremo, Trump como precandidato a las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, promete que si es reelegido instauraría un programa de deportaciones masivas.

Estas medidas se ven como fuertes golpes a la economía (por la inversión en agentes fronterizos y por el papel que tienen las personas inmigrantes para suplir faltas en el mercado laboral), y que se perturbaría a varias comunidades. Seguramente generarán mucha mayor resistencia por grupos de derechos civiles y hasta de otros funcionarios electos.

Trump también asegura que lanzaría "la mayor operación de deportación de la historia" del país, con un plan para poner fin además a la ciudadanía otorgada por nacimiento, la cual está inscrita en la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense. Si es electo intentaría movilizar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), además de a personal del FBI, a fiscales, a la Guardia Nacional e incluso a oficiales locales de policía para realizar las deportaciones. También intentaría reducir los procedimientos de debido proceso para poder deportar a personas usando una sección poco conocida de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, con la que pretendería arrestar y deportar inmediatamente a algunas personas inmigrantes si tienen antecedentes penales.

Como resultado de unas negociaciones de Biden con el ámbito legislativo a cambio de otorgar fondos para enviar a Ucrania e Israel, ya está hecho el proyecto que será enviado al Senado. Ante el cuestionamiento de agrupaciones que velan por los derechos de los migrantes y algunas críticas desde sectores opositores, la ley que regiría se puede resumir en ciertos aspectos centrales: A pesar de que el proyecto se anunció como un acuerdo bipartidista con apoyo federal, sectores republicanos, especialmente desde el lado de Donald Trump, manifestaron su inconformidad con la ley y aseguraron que no apoyarán su aprobación cuando sea el momento.

Por otro lado, también se sumaron críticas a los cambios de agrupaciones que velan por los derechos de los migrantes. Entre ellas, se mencionó el riesgo en el que se pone a solicitantes de asilo en caso de deportarlos. De cualquier manera, habrá que esperar al momento del tratamiento legislativo para conocer si finalmente la normativa consigue su aprobación.